Se resolvió por unanimidad la creación de una subcomisión integrada por todos los bloques legislativos para convocar a diferentes áreas del Poder Ejecutivo y asociaciones civiles para articular en forma conjunta las modificaciones.

La legisladora Roxana Fernández (JSRN), impulsora de la modificatoria, destacó que el proyecto pretende profundizar el compromiso del Estado provincial en la ampliación de derechos y definición de políticas públicas destinadas a la protección de las personas víctimas de violencia familiar, optimizando la delimitación de las funciones que le competen a cada organismo responsable en la prevención, protección, contención y tratamiento desde la perspectiva actual.

En este sentido, se toman como marco fundamental las leyes nacionales de “Protección para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales”; de “Matrimonio Igualitario”; de “Identidad de Género”; entre otras.

Fernández explicó que se puso en consideración la opinión de los diferentes actores que intervienen en la aplicación de la legislación vigente a lo largo de los años, en relación con la prevención, celeridad a partir de la denuncia, tratamiento, recursos, sanciones, entre otros aspectos.

Consideró además que el enfoque integral de la violencia familiar, que involucra aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales, de promoción, de atención y reparación a las víctimas, es determinante para atender los compromisos emergentes de los tratados incorporados al derecho.

“No puede darse una adecuada respuesta si no existe una integración de recursos que esté facilitada por la formulación de una política global en torno del tema, que coordine simultáneamente acciones en los niveles legislativo, judicial, policial, de salud, de educación, de seguridad social y de empleo”, señaló.

Según la legisladora, es necesario profesionalizar las intervenciones en el tratamiento de la violencia, y para ello se propone la creación de equipos de admisión que tendrán la responsabilidad de realizar las evaluaciones pertinentes de todas las personas involucradas en los episodios de violencia con el propósito de conocer las características peculiares y determinar los factores de riesgo y de protección presentes.