En ese sentido, recordó que ella misma en el 2015 proponía ya que se promueva una relación entre los jóvenes y el Estado que escape a la lógica del paternalismo o el prohibicionismo, y en la que éste último garantice la no criminalización, la no exclusión de los jóvenes.

“Nuestra idea plantea que se adopten políticas públicas diseñadas para y/o por jóvenes, como controlar las condiciones laborales a las que están expuestos ellos, implementar programas de capacitación para quienes se incorporan a la actividad laboral, a los desocupados y a los discapacitados, y promover micro emprendimientos”, detalló la legisladora de la Cámara Alta. Consideró al mismo tiempo como  “primordial el desarrollo de políticas públicas activas contra el desarraigo del joven rural”, en virtud de la situación en la que se encuentran las economías regionales.

También puntualizó que cree en la necesidad de promover la creación de un “Observatorio de la Juventud”, a través del cual se implemente instrumentos de medición cuantitativos y cualitativos en pos de realizar diagnósticos, planificar, monitorear y coordinar políticas para jóvenes. “Sería una buena medida”, opinó.

La propuesta del gobierno nacional esboza que el Estado le brindará un subsidio a los empresarios que contraten trabajadores sin experiencia transfiriendo directamente un subsidio proporcional al salario del trabajador. Será para los empleadores de jóvenes de entre 18 y 24 años durante los primeros tres años de trabajo formal. La propuesta de la UCA se remonta al año 2012.

En tanto un medio nacional informaba en relación a la idea que el kirchnerismo no logró combatir la informalidad más allá de la reducción a casi el 30% de la masa trabajadora. Sin embargo, en 2014 sacó una legislación similar que beneficiaba en exclusivo a las PyMEs con dificultades para hacer frente a las cargas laborales, con cierto impacto. "Esa ley diferenciaba a las empresas entre las pequeñas que lo necesitaban para blanquear empleados y las grandes que tenían empleo informal como resultado de la evasión fiscal", rescataba Julia Strada, del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

En la experiencia anterior, de 1995, "la reducción de aportes no sirvió para reactivar la economía", dijo Strada. Entre 1993 y 2001, el PBI creció en promedio al 1,4%, por debajo de la década kirchnerista y en valores similares al período 1976-2001, donde creció al 1,3%. Tampoco contribuyó a la generación de empleo. A pesar de que las contribuciones patronales totales al sistema pasaron del 33% en 1994, al 17,8% (promedio) en 2000, la tasa de desocupación creció de manera exponencial. Se sumó a esto que desfinanció al Estado, en tanto dejó de recaudar $ 47.939 millones.

Sobre la futura medida elevada por el ejecutivo nacional, el presidente de la Unión Industrial de Lanús, Aldo Espósito, saludó la propuesta “como un paso”, aunque pidió que el Gobierno dé definiciones más concretas para el sector fabril, hasta ahora afectado por las tarifas públicas.

“ Si los consumidores pierden su poder adquisitivo por la inflación y la suba de las tarifas, siendo que éstos son los principales clientes,  será difícil que exista demanda en el mercado”, aseveró Odarda, quien señaló que presentará sugerencias y aportes al proyecto del gobierno.