Los amparistas fueron los concejales Facundo Montecino Odarda y Mariana Arregui por Viedma, Miguel Aninao y Alejandra Villagra por Cipoletti,  el Concejal Ariel Salazar por Chimpay, Marcelo Coriolani, Concejal por  Ingeniero Huergo, Claudio Correa, concejal de Fernández Oro, Karina Cuevas y Celso Salinas ambos concejales de Mainqué y como miembro de Tribunal de Cuentas de esa misma localidad, Juan Calixto Rodríguez, Liliana Matteo concejal de Luis Beltrán y Daniel Larrosa, concejal de Lamarque.
 
En tanto como Comisionados de Fomento, los amparistas fueron  Heber Trincheri  de  Valle Azul y Matías Lamela de Chelforó;  constituyéndose como amparistas también Darío Rodríguez Duch de Bariloche y Martín Pamio de Roca “en razón del efectivo menoscabo del derecho a un ambiente sano, derechos a la vida, salud e  integridad física de los ciudadanos de Cipoletti en particular y de las localidades ubicadas aguas abajo del mismo en general”, fundamentaron, solicitando de este modo que “se adopten medidas coordinadas entre los Estados Nacional y Provinciales de Río Negro y Neuquén a fin de lograr la contención necesaria en el sistema de saneamiento”.
 
Los amparistas requirieron que se obligue a los responsables a llevar adelante las acciones de remediación y las obras de saneamiento del río Negro, fijando al efecto el respectivo plazo en que las mismas deberán cumplimentarse, imponiendo las multas y sanciones en caso de incumplimiento.
 
Piden además el establecimiento de un plazo específico para que los Estados involucrados pongan en marcha un plan activo de salud que permita atender a los sectores más vulnerables de la Cuenca del río Negro, tal como resolviera la CSJN en la causa “Mendoza”.
 
Asimismo solicitan como medida cautelar innovativa, se ordene a la demandada, en tanto integra al Estado Nacional y a las Provincias de Río Negro y Neuquén, la concreción de medidas apropiadas y URGENTES a fin de impedir nuevos vuelcos de efluentes cloacales sin tratar y de residuos industriales en los lugares denunciados de Cipolletti en particular y de las localidades ubicadas aguas abajo en general, erradicando de inmediato la situación de riesgo existente y la vulneración de los derechos constitucionales afectados.
 
En rueda de prensa los amparistas de la causa explicaron que “una de las razones que motiva la acción es el mismo derecho de contar con una fuente de agua limpia y accesible para todos”, agregando que “se promueve de esta forma la finalización de los abusos e injusticias que desde algunos particulares, con la anuencia muchas veces de los poderes públicos, siguen observándose contra el ambiente y contra la integridad de los derechos de los ciudadanos”.
 
Finalmente, la senadora Odarda aseguró que “resulta imprescindible que de alguna forma cese la contaminación de nuestro río Negro. De otra forma, llegará el día en que nos encontraremos que los rionegrinos vivimos a la vera de un “Riachuelo”, triste símbolo de la desidia, el desinterés y la falta absoluta de prevención y medidas de control”.