Este proyecto que ya contaba con media sanción del Senado de la Nación fue criticado por diferentes sectores no solo de la oposición sino también de fracciones afines al gobierno, así como Gremios, Sindicatos, Cámaras y Asociaciones de la industria y pymes. Entre los principales aspectos que generaron el rechazo a este proyecto se encuentra la excesiva transferencia de atribuciones al sector privado en la realización de obras de infraestructura. "Se quitan los controles, se delegan las facultades, incluso la capacidad de tribunales argentinos de fallar sobre qué pasa con esos contratos", esgrimió el bloque FpV-PJ.

Otro eje central del rechazo a este régimen es que no se prevé expresamente la prioridad para la industria nacional ni se contemplan las normas de Trabajo Argentino según lo disponen leyes y decretos vigentes. En este sentido la diputada nacional María Emilia Soria expresó que "Se trata de un descuido absoluto a la industria nacional, al trabajo argentino, a nuestras pymes.

Además es alevosa la falta de protección ambiental y jurídica que este proyecto deja para nuestro país". Y agregó: "Esperamos que incorporen las modificaciones que propusimos al proyecto original. Caso contrario, bajo la excusa de que no tenemos capital ni tecnología para hacer grandes obras de infraestructura, Macri introducirá este nuevo reglamento atropellando toda la legislación vigente que defiende la industria y el trabajo nacional, a fin de hacer más atractivo el negocio para los inversores extranjeros".

Al prosperar la moción para que este proyecto vuelva a debatirse en comisión, se logró evitar su sanción sin modificaciones.