Varios ex intendentes rionegrinos, serían imputados en los próximos días por los fiscales de diferentes circunscripciones por el manejo irregular de fondos para la construcción de los barrios incluidos en los denominados planes Techo Digno. También se investiga a los empresarios de las construcción que llevaron adelante las obras.

Las viviendas se impulsaron desde el gobierno nacional entre el 2012 y 2014. Inicialmente las acciones comenzaron en el ámbito Federal pero, en 2018 se derivaron a los tribunales provinciales. Las cuestionadas operatorias que firmó el ministerio de Obras Públicas de Nación se extienden a 14 municipios.

Las acusaciones llegarían a una decena de ex jefes comunales que estaban al frente de administraciones del Frente de Todos. Esos contratos fueron impulsados por el entonces presidente de la bancada del oficialismo en la Cámara Alta, Miguel Pichetto.

Las imputaciones comprenderían, además, a los empresarios de los barrios incluidos. Se desconoce, en cambio, si las acciones llegarían a los jefes comunales que sucedieron a los acusados ya que, en algunos casos, habrían autorizado desembolsos en favor de las constructoras.

La nómina de imputados comprendería a tres ex intendentes que actualmente son legisladores, como la presidenta de la bancada del FdT, María Eugenia Martini, Alejandra Mas y Daniel Belloso,quienes gobernaron Bariloche, Conesa y Choele Choel.

Esa lista incluiría, además, tres jefes comunales hoy en funciones, como Luis Ivancich (Godoy), Renzo Tamburrini (Sierra Grande) y Liliana Alvarado (Cinco Saltos).

Otros acusados por los fiscales serían Javier Iud, Gilberto Montanaro, Carlos Pilotti y Juan Reggioni por sus mandatos en San Antonio, Cervantes, Río Colorado, y Fernández Oro, respectivamente.

Existen cuatro administraciones locales más que originalmente estaban en la revisión, como Campo Grande, Jacobacci, Roca y Cipolletti. En esos casos, en un principio, no habría imputaciones mayores, siempre según los iniciales datos extraoficiales.

Según publicó el Diario Río Negro, las presentaciones simultáneas -que se cumplirían esta semana- parten de un equipo especial, coordinado por la fiscal Graciela Echagaray, y creado en 2019 por el Procurador General, Jorge Crespo para una evaluación y criterio conjunto, considerando que las irregularidades se repiten en las circunscripciones.

El abogado Damián Torres defiende al intendente de Godoy, Luis Ivancich; al diputado nacional Pedro Dantas, a  la legisladora Alejandra Mas y a Gilberto Montaro por sus gestiones en Campo Grande, Conesa y Cervantes.

Torres ya solicitó que sus defendidos sean sobreseidos. En su presentación, el letrado niega cualquier delito porque “los fondos recibidos fueron a la construcción de las viviendas” y” no existió ningún desvío”.

Por otra parte, el defensor dice que ninguno de ellos formalizó las certificaciones de ejecución y ratifica que “las firmas no son de ellos”.

Asegura que la diferencia entre “el avance financiero y el avance físico de las obras” se explica que los planes “no contemplaban los nexos” y que fueron realizados.

Advirtió que otro efecto fue el “proceso de inflación” porque la “redeterminacion” de costos fijadas  “no eran acorde a la realidad”. Alude además que se  requería urgencia por “la necesidad habitacional existente”.

Otro argumento es la existencia de la ley (de cesión de los planes de Río Negro) que demuestra que “no hay delito” y, menos aún, “dolo de defraudar al estado”, ni tampoco “ perjuicio”.