Diego Sacchetti, defensor del titular de la CTA de Viedma, Hugo Aranea, que desde mañana será juzgado por el presunto delito de usurpación, aseguró que el Ministerio Público Fiscal criminaliza la milatancia y el activismo social y destacó que su patrocinado no participó de la toma de terrenos en cercanías de la intersección de las Rutas 1 y 3, sino que instalaba un merendero en ese lugar destinado a personas vulnerables.

“La CTA y muchas organizaciones sociales y entidades participan de la asistencia a personas en situación de vulnerabilidad en tomas y barrios populares. Aranea estaba trabajando en el merendero, hay varias políticas públicas que facilitan elementos para cocinar y el propio Estado lleva elementos a los propia CTA para aportar para el merendero”, indicó Sacchetti.

Admitió que “en la misma causa hay otros tres vecinos que tienen condenas por exactamente el mismo hecho formulado, que según la Fiscalía es haber invadido el predio y despojar a su legítimo propietario de la posesión. Pero no es lo mismo que en un inmueble que está vacío se produzca una ocupación masiva por parte de gente que reclama un lugar para vivir que una persona que está colaborando, no es el mismo hecho, no es cuestión semántica ni de interpretación, pero la Fiscalía hizo un corte y pega”.

El abogado dijo que “acá se está criminalizando la militancia y el activismo social, hay una privatización del funcionamiento del Ministerio Público, porque el dueño de esas tierras no inició un proceso civil como sí ocurrió con otras tierras de Viedma. El Ministerio Público se hace eco de los reclamos del privado. La politización del sistema penal termina siendo la única salida ante la demanda de tierras, es la que menos compromiso público y social requiere. Y en esto el Ministerio Público Fiscal es funcional a los intereses de un particular, con criterios que no se aplican en otros casos como cuando una invasión en Bahía Creek, en La Lobería o en Lago Escondido, donde el Ministerio Publico considera que sí es un tema entre privados. Cuando la persona que hay que perseguir es pobres el la Justicia toma otra postura”.

Sacchetti recordó que “la toma empezó en junio de 2020 e inmediatamente se armó el merendero con cartonera y nailon. Pero en plena pandemia no daba abasto y lo ampliaron. En 2021 recién se establece que se produjo el hecho que se le imputa a Aranea. De la misma manera debería imputarse a los funcionarios que se sacaron fotos o al músico que estuvo cantando en la toma por esos días. El caso es absolutamente emblemático y simbólico y no es la primera vez que se busca aleccionar desde el Poder Judicial que siempre elige contra quién va, como fue la persecución al dirigente sindical y legislador Pablo Barreno, la detención de Rodolfo Aguiar y otros casos, que permiten tomar como elementos simbólicos para establecer criterios de política pública”.

El debate oral comienza mañana jueves, habrá testimonios y presentación de pruebas y seguirán el viernes los alegatos de clausura.