Un hombre de la localidad de San Antonio Oeste fue condenado a la pena de 10 años de prisión por hechos de abuso sexual perpetrado contra las dos hijas de quien era su pareja, ambas menores de edad. La condena se obtiene tras la confirmación de un acuerdo de procedimiento abreviado que fue previamente aceptado por la madre de las niñas. De esta manera queda firme y es de cumplimiento inmediato.

La mujer mantuvo un encuentro con la Fiscalía en el que se le explicó los términos de este procedimiento y ella pudo manifestar su conformidad al mismo con el objetivo de lograr no sólo una condena firme en poco tiempo sino además el reconocimiento explícito de los hechos por parte del autor. De los términos del acuerdo también prestó conformidad el Defensor de Menores e Incapaces.

El procedimiento abreviado, detallado en el Código Procesal Penal rionegrino entre los Artículos 212 y 217, permite una resolución del caso anterior al debate oral y público en la que se volverían a exponer detalladamente los hechos y lo cual dilataría una eventual condena.

Como condición para su admisibilidad prevé que el imputado reconozca el hecho del que se lo acusa y acepte con ello la calificación legal y la pena prevista.

En este caso, la Defensa Pública ejerció la representación legal del imputado y adhirió al pedido realizado oportunamente por la Fiscalía de penar los hechos con el máximo legal previsto para este tipo de procedimientos lo que permitirá que el hombre comience a cumplir la condena de forma inmediata prescindiendo de apelaciones y recursos.

En la correspondiente audiencia el acusado reconoció frente al Juez de Juicio haber sido autor de los hechos de los cuales se los acusó, ocurridos en la vivienda que compartían en la localidad de San Antonio Oeste entre los años 2020 y el pasado mes de mayo, cuando la madre de las niñas efectuó la denuncia.

La calificación legal, que también fue aceptada por el hombre, fue la de abuso sexual con acceso carnal agravado por el parentesco y la convivencia, en perjuicio de dos niñas.

El legajo penal se inició en mayo pasado con la denuncia de la madre de las víctimas, con quien el acusado tiene otros hijos.