El avance del proyecto del oleoducto que unirá Vaca Muerta con Punta Colorada enfrenta demoras en su ejecución, mientras la comunidad de Sierra Grande sigue de cerca la situación y expresa inquietudes sobre el impacto local de la obra. En el centro del debate se encuentra la exigencia del gobierno provincial a las petroleras para que paguen un canon por el uso del territorio.
En la localidad, la presencia de empresas relacionadas con el proyecto es aún limitada. Actualmente, solo una compañía tiene actividad en la zona, con trabajos iniciales en Punta Colorada. Según trascendió, cerca de 80 personas han completado la documentación requerida para ingresar, aunque la incorporación efectiva se encuentra en pausa. Hasta el momento, solo entre 10 y 12 trabajadores comenzaron tareas en el terreno, pese a que el plan inicial contemplaba la contratación de al menos 100 personas en esta primera etapa.
Uno de los factores que ha generado preocupación en Sierra Grande es el cumplimiento de la ordenanza municipal de abril de 2023, que establece que las empresas adjudicatarias de obras públicas y actividades extractivas deben contratar al menos un 70% de mano de obra local. La normativa define como “local” a quienes tengan una residencia mínima de dos años en la localidad y exige garantizar la equidad de género en las contrataciones. Sin embargo, el avance del proyecto petrolero ha evidenciado dificultades en la aplicación de esta disposición.
El Concejo Deliberante de Sierra Grande ha intervenido ante inquietudes del sector gastronómico local, que expresó su malestar por la llegada de una empresa de Santa Cruz que, según denunciaron, estaría prestando servicios de alimentación y traslado de viandas a trabajadores en Punta Colorada sin cumplir con los requisitos de residencia. Ante esta situación, las concejalas de distintos bloques mantuvieron reuniones con empresarios locales y elevaron un pedido de informes a la intendenta Roxana Fernández para conocer el alcance de la contratación de servicios externos.
Desde el Ejecutivo municipal explicaron que la contratación de empresas foráneas responde a la falta de prestadores locales con capacidad operativa suficiente para cubrir ciertas demandas, como el transporte de viandas en condiciones adecuadas de conservación y seguridad alimentaria. Se señaló que el servicio requiere vehículos con menos de cuatro años de antigüedad y equipados para mantener la cadena de frío, condiciones que, según las autoridades, no cumplirían los emprendimientos gastronómicos de la zona.
Ante este panorama, desde el sector gastronómico se evalúa la posibilidad de formar una unión de empresas para mejorar su capacidad de prestación y poder competir por estos contratos. Mientras tanto, la comunidad de Sierra Grande sigue expectante frente a las decisiones que definirán el impacto del oleoducto en el empleo y la economía local.
27 marzo 2025
Río Negro