El contador José Luis Parsons fue procesado y deberá seguir preso, por el intento de homicidio de su colega Héctor Galindo, a quien hirió de gravedad de cuatro disparos. Así lo definió el Juez de Instrucción Miguel Ángel Gaimaro Pozzi, para quien está inicialmente probado que Parsons planeó el ataque e intentó “matar” a Galindo.

La figura utilizada por Gaimaro para procesar al contador fue la de “homicidio calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa”.

De acuerdo a la descripción de los hechos, el 25 de octubre pasado, aproximadamente a las 9,15 horas, en la oficina 6 del primer piso del edificio "Torres Coronado", Vice. Alte. O'Connor 647, “Parsons convocó a Galindo a su despacho y le pidió que se sentara en su escritorio. Una vez que se ubicó en esa posición, se sentó frente a él como si se tratara de un cliente, (...) le manifestó que era un traidor, al tiempo que le entregó una carta y extrajo de sus ropas un revólver calibre 38 marca Smith & Wesson” con el cual le disparó en dos oportunidades.

Según el juez estaba a unos 50 centímetros de distancia. Los proyectiles impactaron en el abdomen de Galindo, quién para intentar salvarse “se puso de pie y comenzó a forcejear” con el agresor. Pero Parson efectuó otros dos disparos, uno de los cuales impactó en el lado izquierdo del rostro de la víctima y otro en su muñeca. “Por el forcejeo ambos cayeron al suelo y gracias a ello Galindo logró escapar del lugar. Posiblemente Parsons realizó en contra del damnificado un quinto disparo que impactó en el marco de la puerta del despacho”, se detalló en la resolución judicial.

Lo sucedido fue relatado por el propio Galindo el testimonio de un testigo, quien llegó al lugar instantes después de sucedida la agresión, tras escuchar los disparos. En el hall del edificio vio a Galindo tratando de escapar y a Parsons con el revólver en la mano.

Además, el hecho y la autoría se encuentran probados para el juez por el secuestro del “revólver Smith & Wesson (apto para el disparo), de las vainas y de un proyectil en la oficina”, así como por el resultado de la prueba de nitritos, que certifican que Parsons efecutó los disparos.

La cata entregada a la víctima desentraña también la motivación de la agresión: la decisión de Galindo de terminar con la relación de socio que mantenía con su colega.

Si bien Gaimaro Pozzi merituó los informes psicológicos que concluyeron que Parsons “presenta un trastorno por estrés postraumático crónico y que el mismo puede constituir un trastorno mental transitorio”, determinó que el atacante “no sólo fue consciente de la criminalidad de sus actos sino que además tuvo la capacidad de dirigir sus acciones”. En este sentido enumeró que el agresor “preparó con detalle las circunstancias en las cuales iba a dar muerte a su socio. No solo esperó la llegada de Galindo a la oficina sino que le pidió que realizara lo que tuviera que hacer y volviera para conversar. Lo hizo sentar en su sillón y se ubicó al frente de tal forma que la víctima no pudiera salir rápidamente del despacho. Le entregó la carta para que supiera sus motivos y le hizo los dos primeros disparos a quemarropa”.

Agregó que “Parsons no estaba determinado por su enfermedad”, ya que “si bien varias veces colocó el arma de fuego en su boca frente a los policías, en ningún momento gatilló. Además al final, depositó el arma en el suelo y se puso a disposición de la policía. Si fuera una persona privada de voluntad por su afección psiquiátrica se hubiese disparado en la oficina, pero Parsons salió en busca de Galindo y al final decidió preservar su vida”.

El magistrado entendió que “la premeditación puesta de manifiesto por el imputado” queda expuesta al analizar que “Parsons ese día se presentó de joggins a la oficina, se agendó del revólver e incluso se colocó en la cintura la cartuchera del mismo. También debe resaltarse el hecho de haber preparado con anticipación la carta donde explicó los motivos de su conducta”.

El contador deberá permaneces detenido mientras se sustancia la nueva etapa del expediente y a la espera del juicio, considerando el “peligro en la fuga y el entorpecimiento en la investigación”. (ANB)