Durante el extenso debate, quedaron expuestos los argumentos contrapuestos en relación a los beneficios y perjuicios de la megaminería.

En la misma sesión, los ediles del oficialismo lograron la aprobación de una declaración de Bariloche “libre” de actividad minera e hidrocarburífera, que en realidad tiene su antecedente en una ordenanza vigente de 2005. Así, la nueva norma es poco más que un gesto para intentar apaciguar el reclamo vecinal contra el uso de cianuro en toda la provincia.

De hecho, un grupo de integrantes de organizaciones ambientalistas presenciaron la sesión, y criticaron la decisión de la mayoría de los concejales a quienes endilgaron “falta de autonomía y capacidad para pensar” debido a las “fidelidades partidarias”.

Durante el debate del proyecto -Nº 16-, uno de sus autores, Leandro Lescano argumentó que “ambientalmente es insostenible la utilización de cianuro en estos procesos de explotación”, y cargó contra las “consecuencias negativas” para el medio ambiente. Pero además, expuso que desde el punto de vista económico y social tampoco genera una ecuación positiva: “el promedio de ganancia de las empresas multinacionales mineras es del 40 por ciento, y de otros rubros el 13 por ciento”, dijo, y criticó que por regalías el Estado sólo recibe el 3 por ciento de las ganancias.

Lescano además cuestionó el proyecto del oficialismo que planteó la declaración de Bariloche como “libre” de actividad minera, ya que “el medio ambiente no termina en los límites de los municipios”. Por el “principio de solidaridad” debe tenerse en cuenta que “el medio ambiente y los ecosistemas, se componen de regiones que trascienden los municipios, las provincias y hasta los países”.

“Hay que pensar que una explotación minera a 200 kilómetros, afecta generaciones futuras de ese lugar y otros”, resumió.

La defensa del rechazo al proyecto quedó en manos del concejal del Frente Grande, Carlos Valeri, quien en 2005, en su carácter de legislador, votó a favor de la Ley que prohibió el uso de cianuro en la minería.

El edil argumentó que las ciudades -por mandato de la Constitución provincial- “tienen que autodeterminarse”, y que los concejales deben transmitir “lo que queremos en nuestra comunidad”.

“¿Puedo decirle a la comunidad de Catriel que no lleven adelante un desarrollo petrolero?, ¿puedo decirle a la comunidad de Sierra Grande que el desarrollo minero es incompatible con su desarrollo?”, se preguntó Valeri, quien además recordó que el gobernador Alberto Weretilneck garantizó que cada proyecto deberá contar con “licencia social” de cada una de las comunidades donde se desarrollen.

Los concejales que rechazaron el proyecto que reclamaba a provincia un cambio de rumbo en la materia, fueron Valeri, Alfredo Martín y Diego Benítez (los tres del Frente Grande), Alejandro Ramós Mejía, María Eugenia Martini y Ramón Chiocconi (Partido Justicialista). A favor votaron Irma Haneck (SUR), Leandro Lescano y Carmen Giménez (Frente Social del Pueblo), y Elena Welleschik (UCR). (ANB)