La recuperación de la política y el fortalecimiento del Estado como regulador de la lucha de intereses, promotor de inclusión social y del mejoramiento de las condiciones de existencia de los sectores populares postergados durante décadas, trasuntan en el espacio institucional, en serias  definiciones acerca de un modelo específico de Estado.

Ello recae, inevitablemente, en la pugna  de modelos que  se enfrentan y debaten en forma antagónica a lo largo de nuestra historia,  donde dicho sea de paso, no siempre los sectores populares hemos salido victoriosos.

Sin embargo, el proceso político iniciado en el 2003, con la llegada al poder del Compañero Néstor Kirchner y que continua hoy la Presidenta Cristina Fernández, ha significado una sensible modificación en la correlación de fuerzas, ahora favorable a los sectores populares, habilitando nuevas conquistas sociales y resquebrajando la hegemonía de los sectores dominantes.

El acogimiento de las demandas y perspectivas del campo popular mediante la ampliación de derechos,  ha dado como resultado el fortalecimiento y la revitalización de la idea de un Estado Social y Democrático de Derecho.

Prueba elocuente de semejante cambio son algunas de las leyes sancionadas en el periodo 2003-2013. Así, la derogación de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, la estatización de las AFJP, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales, Ley de Matrimonio Igualitario, Ley de Trata de Personas, Ley de Restitución de la Identidad, modificación del Régimen de Concursos Quiebras para Fabricas Recuperadas, Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, Leyes de Presupuestos Mínimos (Bosques Nativos, Glaciares, Gestión de Recursos Hídricos, etc.), Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, Ley de Protección del Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales, Emergencia en materia de Posesión y Propiedad de los Territorios Comunitarios Indígenas, por nombrar quizá los más importantes.  

Este fenómeno, no es sino, la expresión de un cambio profundo, operado en el seno de nuestra sociedad, de magnitudes culturales e institucionales de trascendencia.

Es por ello que en este contexto, aparece como pendiente el  debate sobre los aspectos centrales en cuanto a la Justicia; esto es: la independencia, la legitimidad y la transparencia del Poder Judicial.

No es casual que en los últimos meses el debate sobre la democratización de la Justicia haya tomado estado en la escena pública a raíz de declaraciones provenientes de todo el arco político nacional, de las Organizaciones Sociales, figuras del ámbito académico, de los Ministros de la Corte Suprema, pero también a causa de hechos de trascendencia como lo ocurrido en la causa por el esclarecimiento del crimen de Marita Verón, o el atentado de la AMIA, entre otros.

Ello nos da la pauta de que se trata de un tema que ya no puede esperar.  

Tal es así, que uno de los ejes en la exposición de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la apertura de sesiones del corriente año, fue el anuncio de un proyecto de Ley al Congreso de la Nación, con el objeto de establecer la elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura.

Sumado a ello, el encuentro llevado a cabo en la Biblioteca Nacional bajo el lema “Por una Justicia Legitima” en donde cientos de funcionarios de la magistratura, tanto de orden federal como provincial, se dieron cita para manifestar la necesidad imperante de discutir el rol del Poder Judicial en nuestra democracia.

No se trata de un tema nuevo, por el contrario obedece a un antiguo cuestionamiento de amplios sectores de la sociedad, acerca de la necesidad de re-legitimación del Poder Judicial ante la ciudadanía toda.

En nuestra provincia, la democratización del Poder Judicial hace tiempo forma parte de la agenda de las organizaciones sociales.

En el año 2011, la  Legisladora Silvia Horne presentó un proyecto de ley, tomando como base de los planteos realizados por el sindicato de trabajadores judiciales (SITRAJUR) y el Observatorio de Derechos Humanos, entre otras entidades,  a fin de contemplar la participación de diferentes sectores de la sociedad en la Administración de Justicia.

Así también contamos con antecedentes en otras provincias como Chubut, Entre Ríos y Santa Cruz  que son ejemplos claros del avance en torno a la Democratización de la Justicia, conformado Consejos integrados por representantes ajenos a los Colegios de Abogados o Asociaciones de Magistrados, sometidos a elección popular.

Aparece entonces, como imperativa la necesidad de modificar una estructura de poder sostenida en la exclusividad, en los privilegios y en última instancia, en la institucionalización de un orden de gravísimo carácter corporativo, más aun tratándose de uno de los  pilares en el funcionamiento y vigencia  del Estado Social y Democrático de Derecho.

Como puede observarse, no se trata de plantear un tema aislado, sino que se vincula profundamente con el debate acerca de qué tipo de Estado queremos, en que sociedad queremos vivir, es decir, que tipo de Democracia somos capaces de construir.

Por ello no son casuales las manifestaciones vertidas en la opinión pública dirigidas a sostener la estructura tradicional del Poder Judicial, sobre todas las cosas, cuando provienen de los mismos sectores que pregonan el retorno a la política de la década de los ´90, al endeudamiento externo, al ajuste, a la desmemoria y a los privilegios evocando voces de libertad, de independencia, de respeto por los principios de la República; consignas vacías que no traducen realmente los intereses y el modelo de país que en el fondo se promueve.

Esta convocatoria a una Iniciativa para la Democratización de la Justicia en Rio Negro, se da en el marco de una nueva etapa en la vida política en la provincia, luego de 28 años de gobiernos que no supieron atender las demandas populares abandonando cualquier posibilidad de apertura institucional a la genuina representación y participación política del pueblo rionegrino.

Para quienes hace tiempo venimos trabajando por una Justicia más Democrática, es necesario contar con la más amplia participación popular en semejante labor. Por este motivo es que integran esta Iniciativa por la Democratización de la Justicia en Rio Negro, las organizaciones de los trabajadores, las universidades, las Organizaciones Sociales, legisladores, representantes del Gobierno Provincial, figuras del ámbito académico nacional, magistrados y funcionario del Poder Judicial,  y hacemos extensiva la invitación  todos aquellos que quisieran hacer su aporte y  formar parte de este gran debate público.

Silvia Horne