Se avizoran cambios en la cúpula de la Justicia rionegrina: Los vocales del STJ, Liliana Piccinini, Adriana Zaratiegui y Enrique Mansilla serán intimados por la Anses para que se acojan finalmente a sus jubilaciones ya tramitadas o, de lo contrario, sus actuaciones serán archivados y perderán sus actuales beneficios reservados. Así se conoció hoy un artículo del Diario Río Negro.

Los magistrados -con la edad y los servicios requeridos- completaron sus trámites, garantizándose la anterior cobertura previsional, a pesar que la reforma del 2020 -ley 27.546- eliminó condiciones extraordinarias. Por ejemplo, el enganche del haber jubilatorio -82% -con la remuneración del activo de su último cargo.

Las tres autoridades judiciales llevan dos años con la edad para acceder al beneficio (60 años), finalizaron sus trámites, pero no cesaron en sus funciones.

Recientemente, el organismo previsional, a cargo de María Fernanda Raverta, estableció un corte para los jueces y funcionarios con requisitos cumplidos y trámites concluidos. Así, la Anses empezó con las notificaciones a los incluidos, otorgándoles 30 días hábiles para sus retiros o, de lo contrario, se procederá al archivo de sus expedientes.

Se entendía que las intimaciones se concentraban en la Justicia Federal, pero la lista de Anses incluye a jueces provinciales que están en el sistema nacional por las transferencias de sus cajas. Río Negro integra este grupo entonces en la lista de 207 magistrados y fiscales -que difundió eldiario.ar este fin de semana- incluye a Piccinini, Zaratiegui y Mansilla.

En principio, la continuidad en la función derivará que el magistrado perderá el derecho del régimen 24.018 y recaerá en el marco de la 27.546, con modificaciones importantes. Entre ellas, la edad jubilatoria para los hombres que pasó de 60 a los 65 años, explicó el artículo periodístico.

La reforma del año pasado también alteró el cálculo del haberes, abandonando la garantía del pago del 82% de la remuneración en actividad del último cargo. El nuevo esquema se iguala al régimen regular, consistente que el porcentaje se aplica sobre el promedio de los últimos 10 años.

No hubo respuestas amplias de los jueces y juezas involucradas a la requisitoria periodística: Piccinini se encuentra de vacaciones, Mansilla negó la intimación y Zaratiegui admitió su existencia pero se negó a profundizar.

Resta, obviamente, saber qué actitud adoptará cada uno. Las tres renuncias derivarían en un recambio de la mayoría del STJ. Otro vocal, Sergio Barotto, cumplirá 60 años en el 2021 mientras que el actual presidente, Ricardo Apcarian, tiene 57 años.

Por ahora, los intimados nacionales adoptaron diferentes actitudes, desde quienes adelantaron que se irán hasta los que formalizarán reclamos, como también, otros que esperan a partir que se anticipan planteos constitucionales.

Como Río Negro y otras, Jujuy es una provincia con magistrados incluidos y, en su caso, el gobierno jujeño firmó en febrero un nuevo convenio con Anses, fijando condiciones para el “cese de servicios”, precisando que los trámites se podrán iniciar cuando “haya presentado formalmente la renuncia al cargo y esta se encuentre en proceso de aceptación”.

Otro punto del acta complementaria se refiere a los “casos iniciados con anterioridad a la vigencia de la ley 27.546, sin presentación de cese”. Se fija -como las intimaciones- 30 días hábiles para la presentación de su renuncia y si no se acredita, se “procederá a la revisión integral de las actuaciones”, con su archivo.