El legislador de Juntos Somos Río Negro, Lucas Pica, presentó un proyecto de ley que propone modificar el código procesal penal para que el ministerio público, querellantes o víctimas puedan solicitar prisión preventiva para quienes violen una medida cautelar en casos de violencia de género.

“Estamos en una situación dantesca, compleja y difícil, donde nos están matando las mujeres y no podemos permanecer impávidos, por eso junto con Facundo López, Graciela Valdebenito y Julia Fernández hemos propuesto un proyecto que tiene por finalidad modificar algunos aspectos de la prisión preventiva en el CPP”, afirmó.

Destacó que esa norma, que fue sancionada en 2015, “es un buen código fruto de muchos consensos, pero en ese momento no se pudo prever esta situación tan trágica, por eso ésta es una herramienta que aún no existe”.

Explicó que en general “los femicidios inician como amenazas o lesiones leves, delitos que tienen como pena máxima de 3 años de prisión, por lo cual no se autoriza el pedido de prisión preventiva”.

“Ante la violación de las cautelares, ya sea la restricción perimetral o el impedimento de contacto, la fiscalía, las querellas o las denunciantes pueden pedir prisión preventiva”, agregó.

“Sostuvo que el proyecto se basa en el sentido común para cambiar una realidad que nos explota en la cara, hay que dar una muestra de carácter y que los violentos tienen que transitar presos hasta que resuelva su situación”, indicó.

“Actualmente el CPP no habilita esa medida, salvo rebeldía, fuga o interferencia, ahora ante la primera violación de la perimetral impuesta pueden ir presos. Hoy la víctima es quien tiene la restricción porque tiene miedo de salir a la calle, y el que tiene que estar preso es el victimario”, sostuvo.

En relación al botón antipánico y otras medidas de protección, Pica opinó que “son todos mecanismos válidos pero el más potente es la prisión preventiva, porque hay casos que aun con botón antipánico las han matado igual”.

Confirmó que se trabajará en las comisiones y se invitará al Ejecutivo, a los distintos actores que vienen trabajando en la temática, a la asociación de magistrados, al STJ y la Procuración para que emitan su opinión.