La presunta defraudación de Siglo XXI a varias empresas reconocidas de la región rondaría los 150 millones de pesos, según calculó el abogado patrocinante de dos de ellas, Luciano Perdriel, quien lleva adelante la querella en el ámbito penal.

Según explicó en una entrevista radial se pudo determinar preliminarmente la falta de pago de ciertos clientes importantes contra los que se habrían producido maniobras defraudatorias que derivaron en expedientes penales. Perdriel, que representa a Edersa y a la firma que es dueña de Pago Fácil, dijo que “presentamos pruebas, hicimos pericias y verificamos aspectos de las maniobra que implicaría montos importantes”.

Para esta semana se preveía la realización de una primera audiencia de formulación de cargos contra los dos imputados -la presidenta y el apoderado de Siglo XXI- pero no se concretó por razones de organización del juzgado.

Dijo que hasta el momento los perjudicados son tres, ya que a sus clientes se suma Arsa, que cuenta con la representación de los abogados del Estado.

No obstante, no descartó que hubiera otras firmas, como Agilnet, Sao TV, Supercanal, Tarjeta Naranja, entre otros.

“Trabajamos desde hace unos meses en un cúmulo de pruebas para hacer la denuncia con fundamento, lo que requirió un trabajo complejo. Hay mucho dinero involucrado y una compleja red de operaciones que debemos individualizarla en forma concreta. Tenemos elementos de contundencia con las pericias con las que hemos podido avanzar. Después de que se realice la audiencia se deberán sumar testimonios y otras pruebas documentales, Creemos que se sumarán muchas personas porque hay muchos actores que se vieron perjudicados”, agregó.

“No es que cerró y no pudo cumplir, sino que hubo una maniobra clara que les permitió cobrar muchísimo dinero, bajar la persiana y desaparecer”, indicó.

Por ello, piden que la Justicia investigue la supuesta administración infiel, mientras en el ámbito civil y comercial, en Buenos Aires se investigan los incumplimientos contractuales.

“Son dos instancias distintas, una tiene por objetivo recomponer a la víctima en la faz económica y la otra el castigo por la acción reprochada por el Código Penal”, sostuvo.