Las poblaciones de Jachal y de otros pueblos cercanos de la provincia de San Juan, tienen contaminada el agua de sus ríos con más de un millón de litros de solución cianurada, según lo declarado por la empresa canadiense Barrick Gold Corp., responsable de mina Veladero. Los índices de metales pesados en el agua son altísimos y las consecuencias son imprevisibles.

Hace pocos días, en Mina Gerais, Brasil, se rompió una represa de contención que retenía lodos contaminados generados por la industria minera. Estos lodos tóxicos arrasaron poblados enteros, murieron más de veinte personas y otras aun no han aparecido. Más de 500 personas evacuadas, el agua del rio Doce contaminado y por supuesto, la tierra también. El gobierno dijo que solo era lodo, pero se comprobaron cantidades enormes de metales pesados por lo que nueve ciudades, unos 800 mil habitantes, no reciben agua de sus ríos.

¿Cuántas catástrofes de magnitud tendrán que pasar por nuestros ojos para darnos cuenta que la vida no tiene precio y el agua tampoco?

Este pedido de restitución representa el pedido de miles de rionegrinos que como vecinos, en sus asambleas, organizaciones sociales y ecologistas, reclaman desde hace años la restitución de la Ley Q N° 3981, llamada “Ley Anticianuro”, que impide el uso de cianuro y/o mercurio para la explotación de minerales metalíferos en territorio provincial.

La ley lograda fue producto de la movilización social, del reclamo de los pueblos organizados por una herramienta que pusiera freno al desenfrenado avance de la minería contaminante, la que para la extracción de oro y plata y otros metales, requiere un gran consumo de agua y una solución cianurada que es la que separa los metales de la roca.

El 29 de diciembre del 2011, la ley que nació de la participación y consenso, seria derogada de un plumazo.

Esa derogación constituyó un avasallamiento sobre el derecho del pueblo rionegrino, que desde las distintas regiones provinciales, reclamaba una ley que fuera un instrumento útil a la hora de impedir la contaminación ambiental implícita e irremediable que conlleva esta actividad.  

Además, fue un retroceso enorme en materia ambiental, contradiciendo la “progresividad” que debe darse en la legislación toda vez que dejó sin protección el bien tutelado, el ambiente, y lo expuso otra vez a la explotación minera contaminante.

En este sentido, Rio Negro igualó a la provincia de La Rioja, donde también una ley similar fue aprobada en el año 2008 y derogada al año siguiente. Los intereses empresarios y la economía basada en el extractivismo de bienes naturales a cualquier costo social y ambiental, operaron a favor de la minería contaminante.

Actualmente esta actividad tiene consecuencias devastadoras en América, más que hace 300 años. La intensificación del ritmo de la extracción de minerales a cielo abierto, hace de este un negocio redituable para las empresas pero en extremo devastador y contaminante para el ambiente y los pueblos. De ello surge la movilización permanente de las poblaciones a lo largo de nuestro país y el continente.

Por todo esto, pedimos a los partidos políticos y sus representantes, impulsar la restitución de la “ley anticianuro” en Rio Negro, porque es un derecho de todos los rionegrinos que el gobierno provincial avance en la protección de su ambiente y la salud de la población, desterrando aquellas practicas que probadamente afectan la calidad de vida y constituyen un saqueo de nuestros bienes comunes.
 
MAGDALENA ODARDA
SENADORA DE LA NACION
FAP-UNEN-CCARI