Ya entrado mayo y con más de 40 días de cuarentena la sociedad argentina –siempre en líneas generales- se va acomodando a esta realidad de distanciamiento social, pero de reacción política; de bocas tapadas, pero no calladas, de manos lavadas y ropa sucia.

Casi como un escenario político normal, ayer sábado se conoció la aceptación de la renuncia por parte de la gobernadora Carreras al ministro de Desarrollo Humano, Nicolás Land. Ergo, le pidió la renuncia.

Durante toda la semana hubo rumores de una relación que hace bastante se había enfriado y vuelto distante entre el ministro y la gobernadora, quien le cuestionó ciertas ausencias y falta de celeridad en la gestión. Lo cierto es que a ese cargo puntual Carreras le quería dar un diseño casi personal porque no estaba a gusto con la política de asistencia aplicada por Land pero que se había diseñado en el gobierno de Weretilneck. La mandataria echó mano y puso a alguien de su extrema confianza: el actual secretario general de la Gobernación, Juan José Deco, quien, a decir verdad, no ha tenido demasiada exposición pública, pero ha hecho gestiones y tendido lazos con sectores en nombre de la gobernadora.

La decisión no será gratuita. Y si bien no son tiempos para gastar energía en una interna partidaria, ésta se dará inexorablemente, pues Land es un hombre de Alberto Weretilneck, quien ve removida su segunda pieza del gobierno en poco menos de tres meses. El primero había sido Agustín Domingo, de Economía.

Se renueva el “amor-odio” de la gobernadora y el líder de Juntos Somos Río Negro, justo cuando parecía que el diálogo entre ambos estaba fluido.

La Provincia ratificó que sigue al pie de la letra los lineamientos nacionales. Las situaciones de contagio de Coronavirus que se dieron en Bariloche, Cipolletti y Valle Medio generaron mucha preocupación hace más de una semana al punto que Nación focalizó una estrategia individual para estas tres zonas rionegrinas con el visto bueno de la gobernadora, Arabela Carreras. Río Negro acató las medidas de restricción de circulación en las dos ciudades mencionadas y de cordones sanitarios en localidades del Valle Medio. “Los resultados los vamos a ir viendo de a poco tal vez a partir de la próxima semana”, dijo hace unos días la doctora Mercedes Iberó, la segunda del Ministerio de Salud rionegrino y la encargada de dar los partes médicos diarios.

Con algunos cuestionamientos que se han hecho sobre los procedimientos, varios de ellos con fundamentos, la Provincia tomó medidas y la gobernadora Carreras, asesorada con especialistas rionegrinos y del equipo del presidente Fernández, anunció medidas que van hacia la apertura paulatina de actividades en Río Negro, entre ellas las pequeñas obras de construcción privadas y la tarea de profesionales sin atención al público. Será desde esta semana en 28 de los 39 municipios rionegrinos, Viedma está incluida en las que podrán tener esa apertura.

La capital rionegrina ha mostrado un gran comportamiento frente a la pandemia. Al primer caso provincial detectado el 9 de marzo no se volvió a registrar ningún otro caso en la ciudad, una situación muy distinta de lo que han sido las otras ciudades grandes de la Provincia, como Bariloche, Roca y Cipolletti. Eso ubica muy bien a Viedma, que podría haber habilitado los permisos recreativos, pero la presión misma de la gente en las redes sociales que se negaban a que el intendente flexibilice la cuarentena llevaron a que, precisamente, el jefe comunal se definiera por no habilitar las caminatas.

Esta semana no ha pasado inadvertido el anuncio del gobierno provincial del pago de sueldos a los trabajadores estatales correspondiente a marzo. Se despejó cualquier duda que se había empezado a plantear sobre un retraso salarial, apenas un par de días después de lo habitual y la totalidad del sueldo es lo que se pagará según el anuncio oficial. La preocupación sobre el pago de sueldos en el futuro empezó a ganar terreno entre los empleados públicos. Se sabe que si el parate sigue la situación se pondrá cada vez más difícil.

No obstante un informe de la consultora Analytica indica que Río Negro es una de las tres provincias del país que implementó mejores políticas públicas para amortizar la crisis económica desatada por el COVID-19.

El análisis pondera especialmente las medidas establecidas en acompañamiento de tres sectores: pymes, familias y municipios. A través de estas tres variables, se estableció un Índice de Respuesta Local (IRL) que visibiliza la calidad de respuesta de las políticas públicas frente al virus.

Y mientras hay un movimiento continuo de los diferentes organismos del Ejecutivo provincial, el Poder Judicial tiene dos frentes: uno con los colegios de abogados que presionan muy fuerte para que se vuelva a la actividad presencial y otro con el gremio SITRAJUR, que esta semana acusó a la presidenta del máximo tribunal, Liliana Piccinini, de fomentar la precarización laboral al convalidar el STJ el trabajo remoto de sus trabajadores.

Pero en donde sigue todo cerrado es en la Legislatura. La presidencia ejercida por Alejandro Palmieri, respaldada obviamente por el bloque oficialista, no quiere avanzar en una sesión virtual, tal como ya lo implementaron otras provincias e incluso el Congreso de la Nación. Ante las consultas el oficialismo considera que “no hay suficientes proyectos para sesionar”, quitándose toda responsabilidad y adjudicándosela además a los parlamentarios.

Ni siquiera una declaración de la situación rionegrina frente al Covid-19, o el accionar de médicos y hospitalarios, ni la labor de los trabajadores esenciales han movido la motivación del vicegobernador y los legisladores oficialistas encabezados por Facundo López a organizar una sesión o una reunión de comisión siquiera. Río Negro hoy funciona con dos poderes. Esta semana incluso lo criticó públicamente el legislador macrista Juan Martín, quien dijo que se toma al parlamento como “muy light”.

En Viedma pasa algo similar, con la diferencia que al menos los concejales han tenido reuniones virtuales, pero sin demasiados objetivos fijados por la presidenta María Celia Cévoli.

La capital dio marcha atrás con una postura inicial y esta última semana comenzó a realizar el control de precios en los comercios. El resultado: terminaron casi todos sancionados.

Se entiende que la pandemia genera un montón de cosas nuevas a las cuales adaptarse, pero al mismo tiempo necesita acciones y decisiones y lo más rápido posible. El ejemplo contrario más visible de la última semana fue Alejandro Vanoli, desplazado de la ANSES por el presidente Alberto Fernández sin contemplaciones.