Una sentada de ATE le bastó al Gobierno provincial para tomar nota y subir los montos de asignaciones familiares a los empleados públicos rionegrinos, nunca un acuerdo había resultado tan sencillo para el gremio que conduce Rodrigo Vicente. Resultó una nueva forma acuerdo entre este gremio y la gestión de Arabela Carreras, una alternativa a las mesas de diálogo.

El Gobierno necesitaba desestimar las voces gremiales que lo acusan de no escuchar reclamos o de dilatar discusiones salariales y el gremio necesitaba de la acción callejera que lo caracterizó y lo llevó a desplazar en la gestión anterior a UPCN, que no se quedó callado al expresar su secretario general, Juan Carlos Scalesi que la gobernadora, Arabela Carreras hace “arreglos vía teléfono” con ATE y dio a entender que la protesta de los de pechera verde fue, en realidad, una puesta en escena sobre algo ya acordado.

En este contexto de emergencia, integrantes del Gobierno estuvieron esta semana buscando persuadir a la oposición para votar de manera unánime la restructuración de la deuda por el Plan Castello y que incluye además un préstamo del Gobierno Nacional, algo que se logró en la sesión mitad virtual y mitad presencial que se realizó el viernes

La Legislatura votó un permiso para acceder a un préstamo de Nación de aproximadamente 1.500 millones de pesos y la posibilidad de refinanciar parte de la deuda de los bonos emitidos, que suman 4.100 millones en pesos y los 300 millones de dólares del Plan Castello.

Muchos de los legisladores del Frente de Todos se encargaron de aclarar que votaron, básicamente, por obediencia partidaria y por la institucionalidad, ya que en sus posturas personales han criticado sostenidamente la toma de créditos, como el endeudamiento del Plan Castello.

“A pesar de dicha discrepancia para con varios artículos de este proyecto, hoy los legisladores Ignacio Casamiquela y José Luis Berros deciden votar por disciplina partidaria”, expresaba un comunicado de prensa de los mencionados legisladores.

Río Negro busca financiamiento por varias vías: el jueves la gobernadora Carreras tuiteó que existe la necesidad de que el Gobierno nacional prorrogue la Emergencia Frutícola para peras y manzanas, que contempla medidas de alivio financiero para los integrantes de la cadena productiva y posteriormente emitió una misiva a la administración de Alberto Fernández para hacerle el pedido formal, ya que la emergencia actual caduca hoy domingo.

Son tiempos que exigen estrategia y gestión y la Gobernadora está exigente con sus funcionarios y éstos se muestran activos o, como manifestó un secretario en los últimos días: “estamos ATR”. No obstante la mandataria advierte que no todos le siguen el ritmo ni se amoldan a los tiempos en los que hay que resolver con pocos recursos y en el menor tiempo posible.

En eso, resolver en plena pandemia es vital para la gestión y esta semana quedó al desnudo una falta de protocolo aplicado en la Policía provincial, donde entre Bariloche y General Roca hubo más de 80 policías aislados, algunos de ellos incluso infectados con el Covid-19. He allí un ejemplo de que algo no se ha hecho bien, para colmo el jefe de la fuerza, Daniel Jara no acciona ni se lo ve gestionar ni siquiera para evitar una concurrida marcha en Viedma de los retirados y pensionados de la fuerza, que esta semana se hicieron sentir en las calles de Viedma con acusaciones directas a la gobernadora Carreras. Parecen ser los últimos tiempos de un jefe que poco le ha aportado a la modernización de una Policía que reclama ser escuchada y respetada por su superior. Jara es de los que dicen “acá se hace lo que digo yo porque lo digo yo”, y la gobernadora Carreras tomó nota hace tiempo ya de eso.

En Viedma, en tanto, a partir de la nulidad de casos el intendente Pedro Pesatti continuó con la habilitación de varias actividades no esenciales, entre ellas la extensión de días en comercios y la posibilidad de practicar deportes náuticos e ir de pesca con los protocolos pertinentes, algo que en el resto de las ciudades grandes de la Provincia todavía no pueden hacer; de hecho General Roca teme la cantidad de casos registrados en los últimos 10 días que podrían retrotraer los permisos habilitados hasta el momento.