Semana extraña si las hay: a un sindicalista le archivan una causa que pesaba sobre él porque se entendió que la denuncia promovida no tenía demasiado sustento; a otro sindicalista su patronal lo denunció porque protagonizó una manifestación con escrache a la ministra de Educación y en la que además había menores de edad.

La situación de Pablo Barreno, denunciado por la ex presidenta del STJ, Liliana Piccinini, que lo acusó de romper la cuarentena cuando participaba de una recorrida gremial por los lugares de trabajo, se revirtió totalmente esta semana cuando el juez Marcelo Chironi archivó la causa. El juez Chironi no lo dice ni lo promueve, pero la acción de Piccinini aparece como de una gravedad institucional mayúscula si es que se tiene en cuenta su posición de poder y nada menos que en el Poder Judicial. Lejos de las interpretaciones jurídicas, la situación tiene mucha claridad y se podría llegar a entender y alegar un desconocimiento del empleador de cualquier rubro que promoviera una denuncia contra un sindicalista como ocurrió con Barreno, pero al Poder Judicial es inadmisible y porque además si encima después llega un fallo como el de Chironi deja a la autora de la denuncia embretada en dos lugares: el de la ignorancia o el de la malicia.

A otro sindicalista, Scalesi, también lo denunciaron. Fue esta semana, cuando en el marco de un acto en la escuela 339 el líder UPCN y seguidores concurrieron y mantuvieron un cruce con funcionarios, entre ellos la ministra de Educación, Mercedes Jara Tracchia. Y así como el Gobierno usó la situación para exagerar a niveles de victimización, el gremialista de UPCN tuvo una devolución cargada de cinismo al contestar: “no había niños asustados” en el lugar.

Como si fuera poco fue esta misma semana en la que en la reunión de la comisión de Salud realizada en la Secretaría de Trabajo todos los gremios participantes quedaron disconformes cuando no enojados. ASSPUR reclama tener voto en ese ámbito, UPCN se retiró en plena reunión y ATE se enojó también porque el Gobierno modificó el texto del acuerdo establecido semanas atrás.

UPCN ya realiza medidas de fuerza, pero ASSPUR adelantó que las hará también entrada esta semana y ATE no las descartó tampoco.

Pero la semana terminó con la muerte de un efectivo de la Policía provincial durante un ejercicio del grupo especial COER. Tales ejercicios suponen llevar los esfuerzos físicos al extremo y claramente hubo un límite que se pasó pero que resulta irreversible.

Ahora el fiscal Guillermo Ortiz busca aclarar la situación y lleva adelante una investigación exhaustiva. Pero en el medio se encuentra ya con sospechas de un silencio que la fuerza policial en esos casos resulta tan cruel como histórica y arraigada.

Se pone bajo la lupa los métodos de entrenamiento y hasta la propia idoneidad de quienes están a cargo de los cursos. Tal es así que la Policía, por orden de la secretaria de Seguridad, decidió ayer separar preventivamente a los tres instructores y al jefe del COER, que a su vez había sido desmantelado en su estructura durante la gestión anterior, cuando Daniel Jara era el jefe de la institución y mudó la sede de instrucción de Allen a Viedma. La del COER era hasta allí una estructura sólida y bien ponderada por otras fuerzas de seguridad del país.

Semanas atrás desde el Ejecutivo provincial se había advertido que se habían detectado situaciones ligadas a los malos tratos a los efectivos y que se debía revertir urgente. Se trabajaba en ello, pero el jueves ocurrió la muerte del efectivo.

Algo tendrá que cambiar de una buena vez en la Policía de Río Negro, el nuevo jefe, Osvaldo Tellería es un hombre comprometido y conocedor y además tiene conocimientos del trabajo policial de calle y tiene una carrera universitaria, es decir, es un hombre con capacidad de cambiar lo que hay que cambiar de manera cada vez más urgente. Además hay voluntad política para que ello ocurra. Si no sucede quedará al desnudo nuevamente el brazo oscuro de la impunidad en la institución que debe velar por la seguridad de los ciudadanos rionegrinos.