Vuelven las clases presenciales a Río Negro, también vuelve el pleno de la Administración Pública que con la segunda ola se había replegado en el teletrabajo en un buen porcentaje de empleados y con ello también vuelven –si es que alguna vez se fueron- los reclamos de los gremios estatales para discutir aumentos.

Los sindicatos se sostienen en la inflación para llevar a la mesa de discusión un pedido de aumento. Sostienen que ni todo el incremento pactado para este año logrará igualar siquiera la inflación, que en lo que va del año ya supera el 22 por ciento y trepa casi al 40% en el interanual.

UNTER y los judiciales de SITRAJUR ya lanzaron advertencias y además coincidieron en que la presencialidad no es una medida; ATE y UPCN que habían avisado también que se necesitaba de un llamado a negociar un aumento por fuera del que se había acordado a principios de año, no hicieron manifestaciones públicas al respecto en la última semana, pero apelan a la necesidad de obtener cuanto menos un compromiso de discusión hacia los próximos meses.

La posibilidad de sentarse a discutir un aumento quedó trunca en las últimas horas, cuando la propia gobernadora Arabela Carreras echó por tierra cualquier chance de esas.

Carreras marcó la cancha y aclaró que en la reunión en el Consejo de la Función Pública, este martes, no habrá discusión salarial en la mesa. Desde el Ejecutivo intentan que cualquier aumento se haga efectivo más allá de agosto y si es en septiembre tanto mejor.

Los gremios de Vicente y de Scalesi habían pedido que se reabra en principio el ámbito de negociación salarial, que es la Mesa de la Función Pública, pero para Carreras no habrá negociación hasta julio. Se presume que el Ejecutivo buscará dilatar hasta la última semana del próximo mes para definir semanas después un incremento que podría empezar a efectivizarse en septiembre.

ATE y UPCN apelarán al reacomodamiento salarial según la inflación y a un incremento a cuenta mientras tanto de algún porcentaje pero fundamentalmente quieren un compromiso cierto del Gobierno, que por su parte deberá afrontar el pago de aguinaldos. El SAC se abonará, dicen, en una sola cuota y sin ningún retraso. En eso cuenta con cierto compromiso de asistencia de la Nación, a partir del alineamiento y la fidelidad que ha mantenido Río Negro con las políticas implementadas por la administración de Alberto Fernández.

Apartado de cualquier participación en la mesa principal que dirime salarios, ASSPUR, de los trabajadores autoconvocados de salud, criticó al Gobierno en los últimos días tras la sanción en la Legislatura de una norma que establece pautas para los gremios a la hora de participar con voz y voto en esos ámbitos. Y como con ese parámetro ASSPUR no cumple con los requisitos mínimos de inscripción y personería gremial, esta organización dijo que el Gobierno provincial no respeta lo que norma la Organización Internacional del Trabajo.

Mientras tanto la Provincia apela a que la reapertura de la temporada turística genere un movimiento económico que motorice sus ingresos, hoy comprometidos con la prioridad sanitaria del coronavirus.

Hay una seguridad de que este año habrá temporada en Bariloche: el cerramiento de casi un mes en la zona cordillerana y el plan de vacunación lograron un importante descenso en la cantidad de contagios. Ese factor es festejado tanto por el sector privado como desde el Gobierno.

Y en otro orden, con una nueva confrontación interna de Juntos Somos Río Negro tras la salida de la albertista Laura Perilli, que genera un contexto no del todo favorable, el Gobierno intenta imponer a sus candidatos en el Superior Tribunal de Justicia.

Así como en Viedma el Colegio de Abogados local votó mayoritariamente a Sergio Ceci para reemplazar a Adriana Zaratiegui, en Bariloche el colegio de esa ciudad se volcó en los últimos días en un voto mayoritario por la abogada Griselda Ingrassia para reemplazar a Mansilla. En esa votación no vinculante, el candidato del Gobierno, Lorenzo Raggio quedó en segundo lugar.